Villavieja del Cerro es una localidad incrustada en el centro de Castilla y León, perteneciente al municipio de Tordesillas. No tiene bares, ni tiendas, ni quioscos. Por no tener, casi no tiene ni habitantes; menos de 100 y bajando, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero en cambio sí posee una pista de esquí en seco por la que dan ganas de deslizarse hasta en trineo. ¿El único problema? Que está paralizada. No funciona. De hecho, nunca se llegó a poner en marcha.

Alguien pensó que este enclave rural situado a 30 km de Valladolid podía plantarle cara al abandono vendiendo forfaits. E invirtió 12 millones de euros –de las arcas públicas, of course– en construir una deslumbrante pista de esquí en un monte que en 1999 sufrió un incendio devastador. “Para tener una parte del pueblo inservible, mejor la adecentamos y hacemos caja“, debieron de pensar en el ayuntamiento de la pedanía. Pero se olvidaron que el marco legal establece un periodo de 30 años antes de poder urbanizar terrenos que han sido víctimas del fuego. El Tribunal Constitucional -sí, amigos, se atreven con todo- no se apiadó y, bajo la demanda de grupos ecologistas y tras varios juicios, suspendió la ley aprobada por Castilla y León que, a priori, debía legitimar el uso de este complejo fantasma.

Hoy los pocos agricultores que quedan en Villavieja del Cerro cultivan sus hortalizas entre tubos de half-pipe por estrenar; ver la gigantesca pista vacía les duele en el alma, no tanto por ser un aborto paisajístico y sí por tratarse de un espacio que, en situaciones normales, debería haber disparado la economía de la zona. Como venía a decir uno de sus vecinos ante las cámaras de Comando Actualidad: “lo hemos hecho mal, sí, esto es ilegal. Pero ya que se ha construido, como mínimo aprovechémoslo“.

De buena ley

Viene a colación la frustración generada por este triste y nada puntual episodio de la España del derroche para entender mejor la decisión de la FIFA de cerrar la investigación sobre las posibles irregularidades en la concesión del Mundial 2018 y 2022. Este jueves, el presidente de la Comisión de Ética del organismo futbolístico, el alemán Hans-Joachim Eckert, concluía que en el proceso de candidatura de las sedes de Rusia y Qatar no había observado “ninguna violación o incumplimiento de las normas y reglamentos correspondientes“. Todo en orden, la FIFA estaba limpia. Sin embargo, esta valoración chocaba frontalmente con la del autor del informe, el exfiscal general de Nueva York Michael García. “La decisión del Comité contiene material incorrecto y erróneo de los hechos y conclusiones detallados en el informe“, aseguraba. García sostiene que la FIFA ha reducido su informe de 400 páginas elaborado a lo largo de año y medio a una versión escueta y “tergiversada” del mismo.

“Así maneja la FIFA sus conquistas, con impunidad y alevosía. Antes de que alguien husmee en sus tierras quemadas, ya las ha bañado en oro”

Todo aquello que podía oler a fraude, pues, ni se ha tenido en cuenta ni se espera que se tenga en cuenta en el futuro. Demasiado tarde. Poco importa que García apenas pudiera indagar en la candidatura rusa porque, según apunta Joaquín Maroto en AS, esta borró toda la información de sus ordenadores e impidió al exfiscal desempeñar su labor dentro de sus fronteras.

¿Hubiera encontrado algo oscuro? Más negro que lo que destapó el The Sunday Times antes del Mundial de Brasil seguro que no. El rotativo británico publicó que Mohammed Bin Hammam, antiguo miembro de la FIFA, había repartido 3,7 millones de euros entre 30 presidentes de asociaciones de fútbol africanas con el objetivo de que votaran a favor de la candidatura qatarí. Bin Hammam fue expulsado de por vida de cualquier actividad vinculada con el fútbol pero, como Qatar aseguró que “actuó en nombre propio“, tanto la FIFA como la candidatura se lavaron las manos. Con esta jugada, además, Joseph Blatter se quitó de encima a un pretendiente al trono. Uno más.

Archivado el caso -aunque García se guarda la carta de reventar la confidencialidad del informe- y con el estupor general de medios y federaciones de todo el mundo –Greg Dyke, presidente de la FA inglesa, ha tachado de “broma” la resolución-, lo único seguro es que los preparativos de Rusia 2018 y Qatar 2022 no van a paralizarse. Así maneja la FIFA sus conquistas, con impunidad y alevosía. Antes de que alguien husmee en sus tierras quemadas, ya las ha bañado en oro. Antes de que alguien fiscalice sus pasos, crea una comisión de control que se define como ‘independiente’ pero que enfrenta a sus miembros, el que investiga (García) y el que resuelve (Eckert). Por mucho que la legalidad y la ética cuestionen la elección de ambas sedes, mejor aprovechar lo invertido, pagado, comprado y prometido que no hacerlo, ¿verdad? Que se lo cuenten a los vecinos de Villavieja del Cerro, condenados a contemplar cada día de sus vidas la ruinosa, equivocada e ilegal inversión de su ayuntamiento. A fin de cuentas, quitarle un juguete a un jeque -sea ruso o árabe- siempre será un poquito más complicado y peligroso que dejar a un puñado de campesinos sin su clase de cuña.